La inclusión digital en el centro del debate por el Estado Abierto

Este artículo intenta discutir brevemente algunos desafíos del vínculo entre el concepto de Estado abierto -una traducción más adecuada de Open Government ya que refiere al conjunto de las instituciones públicas sin reducirlo a la idea de gobierno como Poder Ejecutivo- y la tecnología, pensando de qué forma la potencia de las nuevas herramientas digitales nos pueden ayudar a alcanzar democracias más sustantivas desde un enfoque inclusivo.

Por Joaquín Caprarulo


Este artículo intenta discutir brevemente algunos desafíos del vínculo entre el concepto de Estado abierto -una traducción más adecuada de Open Government ya que refiere al conjunto de las instituciones públicas sin reducirlo a la idea de gobierno como Poder Ejecutivo- y la tecnología, pensando de qué forma la potencia de las nuevas herramientas digitales nos pueden ayudar a alcanzar democracias más sustantivas desde un enfoque inclusivo.

Desde hace cinco años la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) organiza la Semana del Gobierno Abierto (“Open Gov Week”). En este marco se llevan adelante numerosas actividades, como paneles y publicación de artículos, con la intención de reflexionar en torno a los desafíos vigentes alrededor del planeta en los cuatro pilares de la apertura estatal: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e innovación. 

Es importante hacer una aclaración preliminar: atar con exclusividad los avances en materia de Estado abierto a la innovación tecnológica es un error. Algunas de las mejores prácticas de apertura gubernamental, participación ciudadana y rendición de cuentas fueron, son y serán siempre analógicas. Los espacios de debate colectivo en forma presencial, como las asambleas populares, las mesas de trabajo con autoridades públicas, o el simple encuentro de un o una intendenta en una plaza con su comunidad son instancias irremplazables de interacción que generan una cercanía y un tipo de deliberación pública que la intermediación tecnológica no puede -ni debe- reemplazar.

Sin embargo, en una democracia de escalas en la que los Estados nacionales y provinciales deben gestionar sobre la vida de miles o millones de personas se vuelve necesario aprovechar los atajos y soluciones que la tecnología nos presenta ante los desafíos que presenta la masividad. Por una parte, porque la tecnología -y con esto nos referimos especialmente a Internet- habilita canales de una diversidad y facilidad de uso que permiten incrementar exponencialmente la integración al proceso de deliberación pública de una mayor cantidad de personas y colectivos. De esta forma se pueden superar obstáculos geográficos y de recursos, entre otros, que hasta ahora condicionan la real posibilidad de un Estado abierto. A esto se suma que la tecnología nos da hoy la oportunidad de promover una participación ciudadana informada como nunca antes. La disponibilidad de datos para la correcta -y completa- rendición de cuentas de los Estados sobre sus actividades jamás tuvo tanta profundidad y herramientas a la mano, aún cuando todavía se vean muchas deudas en este punto.

A esta altura resulta un poco reiterativo decir que la pandemia de Covid-19 profundizó la utilización de herramientas digitales para canalizar el vínculo entre ciudadanía y Estado, pero es ineludible reiterar el énfasis por la magnitud del cambio. Es posible que, aún con avances y retrocesos, estemos presenciando una era de transformaciones significativas y veloces en similar medida. La apertura de una nueva etapa entonces demanda una reflexión profunda sobre las formas en las que podemos garantizar que un Estado más abierto gracias a la tecnología lo sea para todas las personas en condiciones de igualdad. El presente nos encuentra con Estados que siguen mayormente capturados por los intereses de los sectores de mayor poder de la sociedad -tanto políticos como económicos- y no existe per se en la “naturaleza” de las soluciones tecnológicas nada que nos garantice que su implementación vaya a revertir los déficits democráticos actuales -sería esperable incluso que los profundizara-. Estamos entonces frente a la necesidad de tomar una serie de definiciones políticas sobre cómo queremos que la tecnología impacte la calidad e inclusividad de estos nuevos “Estados 2.0”.

En este punto, la inclusión digital aparece como una agenda cada vez más acuciante, aún sin la intención de convertirla en la única preocupación sobre este proceso de digitalización de la vida pública. Pero pensar en un Estado que amplíe sus canales digitales de participación y transparencia en un contexto en que una porción de la sociedad no cuenta todavía con acceso a Internet o dispositivos para ello, o bien porque aún cuando los tenga sus conocimientos sobre las formas de uso son limitados, resulta alarmante [1]. La principal preocupación es que muchos de los colectivos que acceden deficitariamente a la tecnología son los que también más postergados se encuentran en el proceso de toma de las decisiones públicas de forma analógica. Sin las medidas de inclusión digital suficientes podríamos intensificar un escenario de doble segregación y profundización de inequidades en el ejercicio de derechos democráticos. Personas en situación de pobreza, habitantes de regiones rurales, personas con discapacidad, adultos y adultas mayores, comunidades indígenas y, transversalmente, niñas, mujeres y diversidades son hoy algunos de los colectivos que más padecen esta forma de discriminación. Permitir que la tecnología profundice las ya marcadas barreras que alejan a estos grupos del Estado puede ser incluso un proceso más complejo aún de revertir.

¿Cuál debería ser entonces la respuesta? Asumir que la inclusión digital es un requisito sine qua non para el Estado Abierto y que debe estar a la cabeza de las prioridades, junto a las propuestas de nuevas formas de participación y transparencia que hoy tanto nos embelesan. Estrategias hay muchas y sería imposible listarlas todas en este breve artículo pero, en todo caso, todas y cada una de ellas deberían ser diseñadas e implementadas atendiendo a las miradas de las personas, sin asumir preconceptos sobre sus necesidades y vínculos con las tecnología y atendiendo siempre al objetivo último, que es el de generar un Estado pensado para una democracia sustantiva, de calidad e igualitaria.


Referencias

[1]

Sobre las tipologías de lo que se denomina “brecha digital” o sus impactos se recomienda el artículo de C. Muller y J.P. de Vasconcelos Aguiar “¿Qué es la brecha digital?” publicado en el blog de Internet Society el 03/03/2022. 

Disponible en: https://www.internetsociety.org/es/blog/2022/03/que-es-la-brecha-digital/

Autor/a

  • bogado (UBA). Diplomado en Economía y Finanzas (Universitat Pompeu Fabra). Docente de derechos humanos (UBA) e introducción al derecho (UNPAZ). Actualmente coordina el programa de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Integró la Mesa Nacional de Gobierno Abierto entre 2018 y 2020. Fue asesor internacional en el ENACOM entre 2014 y 2018. Miembro del Módulo de Políticas TIC del Observatorio de Políticas Públicas de UNDAV.

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bogado (UBA). Diplomado en Economía y Finanzas (Universitat Pompeu Fabra). Docente de derechos humanos (UBA) e introducción al derecho (UNPAZ). Actualmente coordina el programa de Fortalecimiento de la Democracia de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). Integró la Mesa Nacional de Gobierno Abierto entre 2018 y 2020. Fue asesor internacional en el ENACOM entre 2014 y 2018. Miembro del Módulo de Políticas TIC del Observatorio de Políticas Públicas de UNDAV.

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