Recientemente, la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual informó que solicitó a la Relatoría de Libertad de Expresión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU que intervenga ante la suspensión judicial del Decreto 690/2020, la cual fue obtenida por Telecom con motivo de una medida cautelar, rechazada en primera instancia y concedida luego por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.
Al respecto, la Defensoría solicita a la Relatoría que se expida y formule recomendaciones al Estado argentino, y en particular al Poder Judicial, en tanto considera que se está incurriendo en violaciones a derechos humanos fundamentales, en concreto al acceso igualitario al servicio de Internet. De este modo, la Defensoría observó que la medida cautelar a favor de Telecom afecta derechos reconocidos y salvaguardados por la Declaración Universal de los DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
El principal punto de conflicto se encuentra en el impedimento de acceso a la “tarifa básica universal” que establece el DNU 690/20, lo que comprende como una vulneración directa sobre los derechos a la comunicación, sobre todo en los sectores más vulnerables. Al respecto, la Defensoría recordó que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas reconoció que la pandemia de Covid-19 y las medidas para hacerle frente «han hecho que todos los sectores de la sociedad, incluidas las personas en situación de marginación, dependan más de Internet» tanto como fuente de información, para participar en la vida civil, política y económica, y también «como medio de acceso a los servicios públicos, incluidos la educación y la salud».
Sobre el tema, adelantamos una breve referencia a un artículo que próximamente se publicará en la Revista Argentina de Regulación y Derecho de las Telecomunicaciones, producido por Brizio y Maule, dos integrantes de éste espacio, el que se titula “Reflexiones sobre regulación y política pública sectorial: entre modificaciones y cautelares a la Ley Nro. 27.078”.
En el mencionado trabajo analizan la judicialización del escenario regulatorio sectorial, en términos de “activismo judicial”, entendiendo que ello desencadenó en un estado de anomia e incertidumbre que tuvo -y tiene- como principales perjudicados a los usuarios de los servicios TIC.
Se detienen en el análisis de los alcances y la legitimación de los poderes del Estado al momento de establecer las reglas de juego para el sector TIC entendiendo que la toma de decisiones se encuentra en la esfera del Poder Ejecutivo Nacional y, es por ello, que se trata de una fase o instancia que forma parte de un proceso que se retroalimenta en el marco de las políticas públicas de universalización TIC. Al respecto, destacan que la competencia se encuentra expresamente establecida en la Ley Nro. 27.078; siendo la fase decisoria, la generadora de mayores conflictos.
En el artículo advierten tensiones y conflictos respecto de la toma de decisiones en el sector TIC, e identifican a los Poderes Ejecutivo y Legislativo nacionales como actores decisores de la política pública y a los prestadores TIC como actores con poder de veto a través del Poder Judicial. Por ello consideran relevante el análisis sobre el Expte. Nro. 12881/2020 caratulado TELECOM ARGENTINA SA c/ EN-ENACOM Y OTRO s/MEDIDA CAUTELAR (AUTÓNOMA) en primer lugar, por la riqueza procesal de la causa, ya que se pone en juego el rechazo de la medida cautelar en primera instancia y su otorgamiento en la Cámara; y también considerando que la actora es una de las licenciatarias TIC con mayor cantidad de usuarios a nivel nacional.
De este modo cuestionan si asistimos a la judicialización de las políticas públicas de universalización TIC y, en su caso, dónde se encuentra el límite de la intervención del Poder Judicial en este campo en el que se juega el derecho de acceso a Internet, entre otros derechos fundamentales. Encuentran en el desafío de esta propuesta de análisis, un valor agregado al examen formal que se podría realizar considerando solo aspectos vinculados con la validez normativa, máxime cuando el Poder Legislativo Nacional, se encuentra tratando diversos proyectos de ley que replican la norma emanada del Poder Ejecutivo Nacional.
